El Consejo de Ministros ratificará este viernes el pacto con las ayudas
El Gobierno, los sindicatos y los empresarios han cerrado este jueves el acuerdo para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la crisis sanitaria. El pacto llega tras unas negociaciones agónicas durante esta semana en la que los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social han ido mejorando su oferta para que las patronales, CEOE y Cepyme, las organizaciones que más resistencia han mostrado, aceptaran, algo que ha llegado al filo de las tres de la tarde de este jueves, según varias fuentes de la CEOE. Tras el acuerdo está previsto que el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario para mañana viernes en el que se aprobará el real decreto con la prórroga de los ERTE, ya que la actual regulación de estos expedientes de suspensión temporal caduca el próximo martes 30 de junio.
Otro pacto en el diálogo social durante la pandemia. Van tres importantes y todos vinculados a los ERTE y las medidas para amortiguar el impacto del coronavirus en el empleo. Las conversaciones con los sindicatos (UGT y CC OO) y las patronales (CEOE y Cepyme) han sido el terreno en el que el Ejecutivo ha obtenido más resultados. También se ha fajado mucho, bastante más que con la oposición. Un ejemplo es lo que sucedió el miércoles: los técnicos de todas las partes empezaron una reunión las nueve de la mañana y acabaron a las cuatro de la tarde, hubo un receso; una hora después los ministros de Trabajo y Seguridad Social se vieron con los líderes de las cuatro organizaciones en una cita que acabó casi a las 10 de la noche. Y eso tras varias semanas de encuentros e intercambios de documentos.
En esa reunión quedó definida la última oferta del Ejecutivo y, sobre todo, sus cesiones, que no han sido pocas, para convencer a los empresarios, que siempre han sido la parte más renuente al pacto. También estos —y los sindicatos— han cedido, querían una prórroga hasta el 31 de diciembre en las mismas condiciones que laz pactadas en mayo.
Para UGT y CC OO, el pacto es “muy positivo”. Ambos secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, utilizaron esa expresión. Ellos subrayan que se mantengan las prestaciones extraordinarias para todos los trabajadores afectados por los ERTE tres meses más y que se mantengan las mesas abiertas para valorar la implantación de las medidas. “No es el acuerdo que querríamos, pero es positivo”, matiza Álvarez. “Lanzamos un mensaje muy positvo a la sociedad”, quiso subrayar Sordo.
Las patronales CEOE y Cepyme fueron más secas en su valoración. “Se ha dado un apoyo unánime a la propuesta, en tanto que presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial”, declaraban en un comunicado conjunto. Y ya ponían deberes para lo que falta de 2020: “Seguimos trabajando para que en septiembre podamos abordar cómo se afrontará el último trimestre del año”.
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó que el pacto es “equilibrado, ponderado y con enorme responsabilidad por todas las partes”. El responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifró en unos 11.000 millones el coste de los ERTE para su departamento y puso en valor que en España las ayudas han llegado a 500.000 empresas “en una economía de tamaño empresarial más pequeño y orientada al sector servicios”, en clara referencia a otros países como Alemania.
La utilidad de los ERTE para amortiguar el impacto de la pandemia en el empleo hasta ahora se ve en las grandes cifras: se han aprobado más de 550.000 expedientes y han llegado a estar cubiertos casi 3,7 millones de trabajadores, ahora la cifra ronda los dos millones. El gobernador del Banco de España pedía su mantenimiento el pasado martes en el Congreso. Y el Gobierno había anunciado que con acuerdo o sin él iban a continuar. Fuentes del Ejecutivo sostenían estos días que esta claridad sobre las intenciones del Gobierno ha permitido a CEOE presionar mucho durante esta ronda de negociaciones.
A grandes rasgos, el acuerdo permite la extensión de buena parte de las ayudas extraordinarias que llevan aparejadas los ERTE (exoneraciones de cotizaciones y prestaciones para afectados) hasta el 30 de septiembre. Un punto destacado es que deja la puerta abierta que las empresas que no puedan retomar la actividad puedan mantener a todos sus trabajadores afectados, aunque con unas rebajas en las cotizaciones algo menores que hasta ahora. También se añade la opción de los ERTE por fuerza mayor provocados por los rebrotes, de nuevo con reducción sobre las cuotas y prestaciones extra. Falta aclarar si eso será por empresa o por centro de trabajo, un aspecto importante cuando los rebrote pueden ser locales. Y, además, se extienden las rebajas de cotizaciones a los ERTE por causas objetivas provocadas por la covid-19.
Pacto ‘in extremis’
El pacto ha llegado con retraso sobre los plazos que se había marcado el Gobierno y que habían demandado los agentes sociales. Todos, el primero el Ministerio de Trabajo, querían que estuviera listo para el 15 de junio y disipar la incertidumbre mucho antes de que venza la prórroga actual, el 30 de junio. No ha sido posible, sobre todo, por la resistencia de los empresarios a aceptar una rebaja muy grande de las exenciones en las cotizaciones sociales.
Esto ha dificultado las negociaciones porque quien tenía que dar el visto bueno a aumentar bastante la rebaja no se sentaba en la mesa, los Ministerios de Hacienda y Economía, apuntan varias fuentes de la negociación. Durante esta crisis tanto Trabajo como Seguridad Social han sido dos departamentos que se han mostrado proclives a ser más generosos con el gasto público y la dimensión de las ayudas que los dirigidos por María Jesús Montero y Nadia Calviño.
