Trabajo y representantes de los trabajadores ratificarán el acuerdo, excluyendo a la patronal. Este pacto contempla la posibilidad de combinar prestaciones contributivas con empleo.
Este miércoles, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto con los agentes sociales, han firmado un acuerdo sobre la reforma del subsidio por desempleo después de meses de negociaciones. Esto se da en segunda instancia, tras el fracaso del decreto anterior presentado por la ministra de Trabajo en el Congreso, el cual fue rechazado por PP, Vox y Podemos. En enero, Podemos bloqueó la normativa debido a la reducción del 125% al 100% en la cotización para personas mayores de 52 años, una medida que el Gobierno ha corregido ahora.
«Es un avance significativo para nuestro país, logrado después de intensos meses de trabajo», ha celebrado Díaz, destacando el diálogo social como una herramienta para ganar derechos. Los agentes sociales han expresado su satisfacción con el resultado de las negociaciones, resaltando que la reforma se centra en la reinserción laboral de los desempleados, al tiempo que amplía la cobertura y el monto del subsidio.
Tras la última reunión de la mesa del diálogo social el lunes, el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos parecía inminente. La representación de los trabajadores convocó a sus órganos directivos el martes para estudiar la última propuesta del Ministerio, que finalmente ha sido rubricada este miércoles. La patronal ha quedado excluida del acuerdo, a pesar de las expectativas del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien confiaba en su inclusión. La CEOE argumenta que no considera que haya habido una verdadera negociación, sino un proceso de consulta, aunque Díaz ha agradecido las contribuciones empresariales hasta el último momento.
El texto presentado el lunes mantiene las mejoras del anterior, como el aumento de 90 euros en el subsidio, alcanzando los 570 euros, y su extensión a trabajadores eventuales agrarios y a temporeras marroquíes que laboran en España. Además, se incluye como beneficiarios a personas menores de 45 años sin cargas familiares, antes excluidas, y se equipara la cuantía para quienes trabajaban a tiempo parcial, generalmente mujeres, con los que lo hacían a tiempo completo.
Esta medida de corrección de la brecha de género es muy relevante, revierte el recorte que supuso la reforma laboral del PP de 2012. El acuerdo coloca al país en una posición más justa en términos de igualdad de género.
En comparación con el texto de enero, que Podemos rechazó, ahora se incluye a mujeres víctimas de violencia de género o sexual como receptoras del subsidio, así como a emigrantes retornados.
Una de las novedades más importantes, pendiente de los detalles finales del texto, es la posibilidad de compatibilizar prestaciones contributivas con empleo durante un tiempo determinado. En la reforma anterior, el Gobierno ya había permitido la compatibilidad del subsidio de 480 euros con el trabajo, una posibilidad que se amplía ahora. El objetivo es facilitar la incorporación de desempleados al mercado laboral, aunque sea de forma temporal o parcial.
Los subsidios son una medida temporal para permitir que los desempleados accedan al empleo, resaltando que ese es el objetivo fundamental del acuerdo. El pacto también incluye una reserva de 633 millones de euros para políticas activas de empleo dirigidas a mayores de 52 años y programas de inspección para prevenir abusos en la compatibilidad de prestaciones y empleo.
Con todo, quedan cuestiones pendientes, como la revalorización del IPREM o su sustitución como referencia para el acceso a ciertas prestaciones. «Siempre deben pedir más derechos, y esto demuestra que el diálogo social funciona», ha reconocido Díaz.
Tras conocerse que Trabajo finalmente mantendría la cotización de los mayores de 52 años al 125%, una demanda de Podemos que también apoyaron los sindicatos, Belarra celebró la rectificación del Gobierno. «Una vez más se demuestra que luchar y hacer ruido sirve para avanzar en derechos», dijo a través de un mensaje en su cuenta de X. El Gobierno consideraba que mantener esa sobrecotización, justificada en su momento por el bajo salario mínimo interprofesional, generaba «disfunciones» con los 2,5 millones de trabajadores que lo cobran y cotizan menos. Por eso, se ha pedido que esa cotización del 125% se aplique también a aquellos trabajadores de más de 52 años que cobran menos. «Esto ayudará a que muchas personas accedan también a un empleo», han defendido.
«La causa por la que el anterior real decreto no prosperó era esta y ya está retirada», confirmaron el lunes fuentes de la negociación. «Esperamos que ahora pueda ver la luz». Con este cambio, no existiría ningún obstáculo para su aprobación.
La reforma del subsidio por desempleo es un compromiso con Bruselas para asegurar el cuarto desembolso de los fondos europeos ‘Next Generation’, y el Gobierno debe responder antes del 20 de mayo, tras una prórroga de dos meses.»
