La Comisión Europea critica la falta de medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público, entre ellas, las indemnizaciones por finalización de contrato.
La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España, abriendo un nuevo expediente por la gestión de los interinos en el sector público. En esta ocasión, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno, dando inicio a un procedimiento de infracción. El principal motivo es que la legislación española no incluye suficientes medidas de protección para los empleados temporales que firman contratos sucesivos, tal como lo requiere la normativa comunitaria.
Según la Comisión, la normativa de la UE obliga a los estados miembros a implementar mecanismos que eviten y castiguen el uso abusivo de contratos temporales. Sin embargo, Bruselas observa que en el caso de España no existen tales mecanismos en varios tipos de relaciones laborales dentro del sector público. Un ejemplo destacado es el de interinos que encadenan contratos durante 20 o 30 años, quienes reciben la misma indemnización que otros empleados, o que no tienen derecho a indemnización en caso de renuncia voluntaria o por motivos de cuidado familiar.
Este nuevo expediente se suma al iniciado en 2015, cuando la Comisión ya había advertido a España de la insuficiencia de las reformas implementadas en relación con la normativa europea. Bruselas continúa sosteniendo que las nuevas disposiciones legales no abordan de forma efectiva los problemas, especialmente en cuanto a las sanciones que deberían aplicarse para evitar abusos.
Ahora, España cuenta con un plazo de dos meses para responder y corregir estas deficiencias antes de que el proceso avance. Si no se toman las medidas necesarias, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría traducirse en sanciones económicas por incumplimiento de las normas comunitarias.
Además de este proceso, la Comisión Europea también mantiene abierta una investigación por la discriminación que sufren los interinos en relación con el personal fijo en cuestiones como vacaciones y permisos. En julio, Bruselas envió una segunda carta a España exigiendo que se ajustara la legislación en estos aspectos.
La batalla de los interinos y la fiscalidad de las multinacionales
El conflicto de los interinos con la administración pública española ha generado múltiples sentencias y decisiones judiciales en Europa. Recientemente, el TJUE respaldó que los interinos de larga duración puedan obtener la condición de fijos sin necesidad de ser funcionarios, con el objetivo de limitar los abusos de la administración. El tribunal además censuró a España por no implementar sanciones adecuadas para quienes hacen un uso abusivo de los contratos temporales. Este fallo respondía a un caso judicial concreto en España, pero ha establecido un precedente importante.
Anteriormente, el TJUE ya había dictaminado que la repetición de contratos temporales vulnera la legislación europea, urgiendo a España a actuar contra la precarización laboral.
En paralelo, Bruselas ha demandado a España ante el TJUE por no haber implementado a tiempo la directiva que impone un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las grandes multinacionales. A pesar de que el Gobierno español aprobó la medida en junio tras una advertencia de la Comisión, aún está en fase de tramitación parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo confían en que la ley se apruebe antes de que termine el año.
