Las autoridades de Competencia creen que las eléctricas pueden estar aprovechando el río revuelto de la reforma energética para aprovecharse de los consumidores con comunicaciones que pueden resultar equívocas y pescar así mayores ganancias. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha anunciado por ello la apertura de una investigación sobre los anuncios en prensa y otras comunicaciones de las empresas como cartas a sus clientes por si se ha vulnerado la ley y, en su caso, abrir un expediente.
Competencia teme que las eléctricas aprovechen el cambio del método con el que se calcula la factura de la luz (por horas o por periodos de facturación) para meterles miedo sobre el riesgo de la nueva tarifa y así tratar de reconducirles a ofertas en el mercado libre que sean más beneficiosas para las compañías. Con el nuevo precio regulado, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), «no se podrá saber de antemano el precio que pagará por la energía», decía Endesa en un anuncio reciente. Por su parte, Gas Natural Fenosa ha enviado comunicaciones a clientes en las que se les advierte que se les traspasará a partir del 1 de julio a una tarifa propia a menos que manifiesten que quieren seguir con el precio regulado. Son este tipo de comunicaciones las que han hecho saltar las alarmas del supervisor.
La CNMC señala en un comunicado difundido este sábado que ha tenido conocimiento, a través de diversas informaciones publicadas en prensa, de las comunicaciones escritas a consumidores y de anuncios públicos en medios de comunicación en relación con las opciones de suministro del consumidor doméstico, que pudieran ser contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
Anuncios equívocos
«En particular, dichas comunicaciones o anuncios podrían ser equívocos, con el fin de inducir a los consumidores a adoptar decisiones poco meditadas», señala la CNMC, que precisa que lo que investiga son comunicaciones y anuncios dirigidos a consumidores a los que antes se les aplicaba la tarifa de último recurso y actualmente se les aplicaría el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). De acuerdo con la información recabada por la CNMC, estas comunicaciones aparentemente equívocas o engañosas se habrían producido coincidiendo con el reciente cambio regulatorio para el cálculo del PVPC y su régimen de contratación. Con el nuevo método, se factura la parte de energía del recibo de la luz en función de cuál haya sido el precio de mercado mayorista de generación eléctrica hora por hora (cuando los contadores digitales lo permitan) o en el periodo de facturación, a menos que los consumidores se acojan a las ofertas del mercado libre o a la tarifa estable anual. Sin embargo, las ofertas de las eléctricas sobre esa tarifa estable han sido tan altas y con un sobrecoste tan importante sobre el precio de mercado que en la práctica resultan disuasorias para cualquier consumidor. Así, si los consumidores se asustan con la tarifa más volátil y ven muy cara la estable, pueden acabar aceptando las ofertas del mercado libre, que son las diseñadas por las propias eléctricas y que en ocasiones conllevan gastos por servicios adicionales.
Competencia ha solicitado información a diversas empresas activas en el mercado de referencia y a otros agentes que pudieran haberse visto afectados por esas conductas que el supervisor ve poco claras.
«En caso de que como resultado de la información recabada se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador», indica la CNMC. La investigación no prejuzga el resultado final ni la culpabilidad de las entidades investigadas.
«La investigación de las prácticas que afectan directamente la libertad de decisión de los consumidores en un bien de primera necesidad como es la energía eléctrica es una prioridad para la nueva CNMC, dada la importancia que dicha libertad de elección tiene como fundamento de la libre competencia», añade.
