La primera ministra cumple, así, una de sus principales promesas electorales.
Miles de daneses podrán adelantar su edad de jubilación con una medida con la que el Gobierno pretende premiar a personas con empleos de gran carga física, según un controvertido modelo que supone un giro simbólico frente a años de políticas de recortes de prestaciones y pensiones.
El plan presentado esta semana por la primera ministra, Mette Frederiksen, responde a la a una promesa electoral. Se comprometió a reducir la edad de jubilación hasta los 59 años para los trabajadores de las profesiones más castigadas, tanto física como psíquicamente. Para su pensamiento estos trabajadores debían poder retirarse antes de la edad de jubilación con una pensión «digna» y sugiriendo que con cuatro décadas de vida laboral sería suficiente.
Sin embargo, la propuesta esta propuesta es más modesta de lo que llegó a insinuar. En un principio llegó a decir que la edad de jubilación en estas profesiones debería estar en los 47 años.
El plan propuesto por el gobierno danés se basa en un modelo complejo que fija en 61 años la edad clave para hacer cálculos: quien tenga 42 años trabajados entonces, podrá jubilarse uno antes de la edad de jubilación; si son 43, dos años antes; y con 44, tres.
Al calcular los años de vida laboral se incluirán tanto trabajos fijos como a tiempo parcial, sea como asalariado o autónomo; así como tiempo con permiso parental o con prestaciones de desempleo. La cuantía, 1.820 euros brutos mensuales, es relativamente baja para Dinamarca, donde la carga fiscal media ronda el 40% y el nivel de vida es alto; aunque se podrá completar con hasta unos 3.200 euros anuales de trabajos a tiempo parcial.
Las autoridades calculan que 38.000 personas podrán pedirla en 2022, año en que empezaría a funcionar, pero solo 22.000 lo harán, y de ellas, 6.000 serán mano de obra activa, el resto corresponderá a gente que percibe alguna ayuda al desempleo o de otro tipo.
El Gobierno estima que costará unos 349 millones de euros al año al principio y 3.000 en 2035 y se financiará con subidas fiscales a las rentas altas, así como con un impuesto al sector financiero. Y se abre la puerta a una revisión anual del modelo en caso de que los cálculos sobre su coste difieran mucho de lo previsto.
El proyecto ha acaparado la atención mediática en Dinamarca y ha generado críticas a ambos lados del espectro político. El Partido Liberal, líder de la oposición, lo ha rechazado y aboga por reformar una modalidad de jubilación anticipada aprobada de forma exprés el año pasado por el entonces Ejecutivo de derecha para personas con menos de seis años para retirarse y capacidad laboral muy reducida, pero que exige un examen médico previo. Economistas liberales y medios afines a la derecha critican que se financie con subidas fiscales y se instaure en época de crisis, además de alertar de que el coste podría dispararse si se relajan las condiciones por presión de los aliados del Gobierno.
Tanto la rojiverde Lista Unitaria como el Partido Socialista Popular reclaman un modelo más flexible y generoso que valore el castigo «psíquico» que sufren enfermeras, comadronas y pedagogos. Aunque el Partido Socialdemócrata gobierna en minoría con menos del 30% de los escaños, parece poco probable que no saque adelante su proyecto estrella: tanto las otras fuerzas de izquierda como los socialliberales y Partido Popular Danés le han dado su apoyo.
Un hipotético fracaso en las negociaciones abocaría a unos comicios anticipados que solo beneficiarían al Partido Socialdemócrata, disparado en los sondeos por la gestión frente al coronavirus, que se ha saldado sin confinamiento y con números bajos de contagios y muertes en el contexto europeo.
La pensión supone también un guiño a la clase trabajadora danesa del partido que tradicionalmente la ha representado en Dinamarca y que busca reivindicarse tras participar en los sensibles recortes que el Estado de bienestar ha vivido en las dos últimas décadas en todos los países nórdicos.
