El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido este miércoles a tomar medidas para combatir la corrupción para cambiar la opinión «extendida» de que la justicia «no trata igual al poderoso que al resto» y que hay un trato ideológico en función del acusado.
Así lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta lacra.
El titular del Ministerio Público ha subrayado que la corrupción supone «un ataque demoledor» a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con «contundencia», se corre el peligro de su «generalización» en la sociedad y de que la ciudadanía, «amparándose en una percepción generalizada» de estas prácticas, «justifique» la elusión de las normas «dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social».
Por ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación «lo suficientemente decidida y enérgica» contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de «incrementar una sensación de impunidad» que sirva para «extender» comportamientos «irregulares o corruptos» y, de otro, de que puedan «generalizarse» críticas «infundadas o sectarias» cuestionando «irresponsablemente» la labor de los servidores públicos que cumplen «honestamente» con su deber.
Legislación ‘manifestamente insuficiente’
Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión «extendida» entre la ciudadanía de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha consideración ha destacado la existencia de una legislación «manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía».
También ha constatado que se dan investigaciones que rebasan «toda una década», prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.
A su juicio, «desmontar» este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, «no basta pensar que se equivoca quien así lo considera». Según ha defendido, es necesario «acreditar» que ese prejuicio no se corresponde con la realidad dando una respuesta «eficaz, seria y rigurosa» a la corrupción y demostrando «con hechos» un trato igual para todos.
En cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria «lenta pero que no se detiene» se ajusta «a la realidad».
Contra la lentitud de la Justicia
«La imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción», ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que, pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay «impunidad» en las causas de corrupción «ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos».
Entre otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha denunciado que «en España, las causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen «precocinadas» por la labor de la Policía y la Agencia Tributaria y la «capacidad de filtraje crítico» de lo que llega al juzgado «es muy limitado».
Torres-Dulce ha explicado que hoy la instrucción «se ha erigido en principal, no en accesoria» y ha llamado a lograr que ésta sea «más sencilla, más ágil, más rápida» y que se ajuste a los fines para los que se destina. También ha alertado de que el «agujero negro» de la justicia es la ejecución de las sentencias. «Sin una sentencia rápida no hay Justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios términos cuanto antes estamos haciendo una burla al trabajo de los tribunales», ha apuntado.
Asimismo, ha abogado por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como ya ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la percepción externa de independencia del la Fiscalía. En concreto, propone «limitar» los poderes del fiscal general del Estado y el «blindaje» de los fiscales que llevan asuntos de especial sensibilidad política y social.
Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la «precariedad» en los medios materiales y humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80 por ciento de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea «titánica» y en muchos casos «destinada al fracaso». En concreto, ha destacado la situación «dramática» de la Fiscalía de Málaga.
De ahí que Torres-Dulce haya apostado por organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal «impulsor» de la acción de la justicia, sobre todo para causas «complejas y gran trascendencia» evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo.
En este punto, el fiscal ha avanzado que creará «en los próximos meses» secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos penales que requieren una atención «más exigente y más dinámica» de estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías especializadas.
Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea «extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades», como se conoce a los acuerdos con los acusados.
FUENTE EL MUNDO.ES
