Tras más de un mes de movilizaciones, el Gobierno ha aprobado de urgencia un paquete de medidas en materia de agricultura y alimentación
El precio de los productos agrarios no podrá ser nunca inferior a los costes de producción, que quedarán obligatoriamente registrados en todos los contratos. La medida ha sido aprobada hoy por el Gobierno en Consejo de Ministros y forma parte de un paquete de medidas urgentes para paliar la crisis del campo. Las movilizaciones de los agricultores y ganaderos han marcado la agenda del Ejecutivo en las últimas semanas. Tras decenas de reuniones con todos los actores implicados en la cadena, la batería pretende reforzar la posición negociadora de los productores.
El Real Decreto modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, que ahora obligará a los intermediarios de la cadena a pagar un precio igual o superior al coste de producción del anterior eslabón. Este precio quedará fijado por escrito entre comprador y vendedor. Esto podría dar lugar a situaciones de abuso, en las que el comprador imponga un precio. Para evitarlo, el Gobierno pretende reforzar la Agencia de Información y Controlo Alimentarios (AICA), un organismo dependiente de Agricultura que vela por el buen funcionamiento de la cadena.
La AICA y el Observatorio de Precios retomarán los informes sectoriales —unos detallados estudios que analizaban la formación de precios en productos como el aceite, la leche y las frutas— y los productores y mayoristas podrán acudir a ellos como referencia. Al tener los contratos por escrito, la AICA podrá detectar si hay desajustes entre sus propios datos y lo que vea en ellos.
«Si comprador y vendedor no tienen una referencia para fijar los costes de producción, podrán usar la del Ministerio», ha indicado el ministro de agricultura, Luis Planas, tras el Consejo. «Ampliaremos el stock de datos disponibles. Pero el Ministerio no juega un papel arbitral, son las partes las que tienen que elegir esta referencia».
Los supermercados, la excepción
Los supermercados, el último eslabón de la cadena, serán la excepción a la norma y sí podrán vender por debajo del coste de producción. La razón con la que lo ha justificado Planas es la de evitar el despilfarro alimentario: si un producto perecedero está a punto de ponerse malo, el supermercado podría venderlo más barato. Además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea señaló que la venta a pérdidas en España, tal y como estaba regulada antes en la Ley del Comercio Minorista, era contraria a derecho comunitario.
Actualmente, para que una venta en supermercados se considere «a pérdidas» debe ajustarse a ciertos supuestos y considerarse venta «desleal».
Las cadenas utilizan habitualmente productos reclamo rebajados como la leche, el pollo o los huevos para atraer a la clientela. En este sentido, lo que el ministro ha dicho que el decreto prohibirá serán las actividades promocionales engañosas de los supermercados que «conduzcan al desprestigio de un producto», algo que actualmente ya está contemplado en los supuestos por venta a pérdidas. La patronal de la distribución Asedas ha declinado hacer declaraciones hasta que la medida no esté publicada en el BOE.
La normativa obligará a hacer pública la identidad de las empresas que cometan infracciones «graves y muy graves» de esta Ley de la Cadena Alimentaria, que se multan con hasta un millón de euros. Hasta ahora, cuando las organizaciones agrarias denunciaban a algún supermercado, la AICA trasladaba el expediente a la autoridad competente (la Comunidad Autónoma) y solo daba datos globales del número de infracciones detectadas. Una de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias era que fuera obligatorio hacerlo público para que las multas tuvieran consecuencias en la imagen de los supermercados.
El ministro se ha reunido con las Comunidades Autónomas, a las que ha pedido «que jueguen un papel muy activo en la implementación de esta ley». Con estas medidas, ha señalado, «se prohíbe la destrucción de valor en cada punto de la cadena».
Trabajo reduce a 20 las peonadas para cobrar el paro
Por parte del Ministerio de Trabajo, el Gobierno ha aprobado reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo. La medida se ha llevado a cabo tras la «constatación» de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles de Estados Unidos al sector. También bonificará las cuotas por contingencias comunes la Seguridad Social para las empresas que conviertan los contratos temporales en indefinidos o en fijos discontinuos.
Por último, la norma amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que pueda acceder a las viviendas de los trabajadores del campo y revisar sus condiciones.
El cambio se produce poco después de la visita del relator de la ONU, que comprobó en primera persona las condiciones en las que viven los jornaleros inmigrantes y denunció que las autoridades hacían la vista gorda.
Fuente: https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-cerca-supermercados_0_999500172.html
