El Consejo de Ministros aprueba medidas para agilizar la tramitación de prestaciones
El Consejo de Ministros ha restringido temporalmente los despidos mientras dure el estado de alarma, según ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior. La medida fue reclamada por los sindicatos UGT y CC OO el jueves.
Según ha explicado la propia Díaz, lo que habría hecho el Consejo es vetar los despidos objetivos por causa de fuerza mayor, por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción que aleguen el coronavirus. La medida se aplicará mientras dure la crisis. El Ejecutivo también ha acordado que “los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantendrán vigentes hasta que concluya la crisis sanitaria. Cuando los contratos temporales se suspendan, se alargará la duración de los mismos. Esto es un paréntesis para todos”, añaden las mismas fuentes.
“No se puede despedir porque hemos arbitrado un mecanismo amplio para que las empresas puedan acogerse a los ERTE”, ha señalado la titular de Trabajo, quien también ha advertido que el Ejecutivo revisará de oficio todas suspensiones de empleo y si se detecta fraude se tendrá que devolver todo el dinero, “incluida la prestación de los trabajadores”.
La intención del Gobierno es que toda medida de ajuste laboral que adopten las empresas se haga por la vía de la suspensión de empleo, es decir, por un ERTE.
Ya van casi dos semanas desde que se declaró el estado de alarma y se suspendió buena parte de la actividad económica. En este tiempo, se tiene constancia de que ha habido una avalancha de ERTE que afecta a más de 1,5 millones de trabajadores hasta el momento. La cifra de afectados por despidos todavía no está tan clara, aunque los sindicatos hablaban este jueves de que entre rescisiones de contratos y finalización de temporales, marzo podía acabar cobrándose un millón de empleos.
El Ejecutivo también ha aprobado la agilización de los trámites para acceder a la prestación. Ha aclarado qué datos deben remitir las empresas a los servicios públicos de empleo para que los trabajadores afectados por suspensiones de empleo puedan acceder ágilmente a las ayudas.
