El Servicio Canario de la Salud ha facilitado la información de las reclamaciones patrimoniales admitidas tras una solicitud de acceso a la información pública
En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria que condenaba al Servicio Canario de la Salud (SCS) al pago de 1,3 millones de euros de indeminización a unos padres por no avisar a una madre de una enfermedad rara que tenía el bebé. Tres años después, el Tribunal Supremo confirmó otra sentencia del TSJC que había condenado al SCS al pago de 1,2 millones de euros. Son solo dos ejemplos de las cantidades que ha tenido que desembolsar la sanidad canaria para hacer frente a reclamaciones patrimoniales por negligencias.
En total, el SCS ha tenido que pagar casi 30 millones de euros desde 2011. El dato ha sido facilitado a este medio tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por en agosto de este año. La ley establece un plazo de respuesta de un mes, pero el SCS ha tardado casi tres en entregar la información solicitada.
Atlántico Hoy solicitó al SCS el listado de las indemnizaciones a pacientes como consecuencia de negligencias médicas desde el año 2010 a la actualidad. Además, solicitó también la fecha, la cantidad indemnizada en cada caso y la descripción de la negligencia, en base a una respuesta anterior del Servei Català de la Salut.
2,4 millones al año
La información entregada por el SCS indica que desde 2011 y hasta la actualidad —no señala el fin del período, pero se entiende que es hasta la fecha actual— ha tenido que pagar 29.039.951,74 euros en concepto de indemnizaciones por negligencias. Ese gasto se divide en tres conceptos: jurídicos y contencioso (4.199.974,12), ejecución de sentencia (21.713.725,21) e intereses de demora (3.126.252,41). Durante los últimos doces años, el Gobierno Canario ha pagado una media de 2,4 millones de euros al año en indemnizaciones. En 2012 y 2015 superó los tres millones de euros, cifra que rozó en 2019.
No todo lo pagado es resultado de una sentencia judicial. Las reclamaciones patrimoniales primero se presentan por la vía administrativa. La administración puede aceptar y pagar al paciente lo que reclama. Pero normalmente las más cuantiosas sí que acaban en la justicia. Como la competencia es autonómica, en el caso de la sanidad esas reclamaciones van dirigidas a los servicios de salud de cada comunidad.
«Teniendo en cuenta que la duración media de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es de 1-1,5 años, (en los casos de que se inicie recurso judicial posterior, este período es superior ), el año de inicio de la reclamación no coincide con el de su finalización, por lo que no puede determinarse el número de reclamaciones estimadas desglosadas por año, sino la cantidad total en el período señalado, y que ascienden a 331 las reclamaciones de responsabilidad patrimonial estimadas en el período de 2010-2020», explica el SCS en su resolución, firmada por la secretaria general, Esther García Cabrera.
La razón de que no haya datos del número de reclamaciones a partir de 2020 es que la base de datos del Sistema de Información de Normativa, Convenios y Responsabilidad Patrimonial (SINCRIP) solo estuvo vigente hasta ese año. Luego fue sustituido por la Plataforma de Tramitación de Expedientes Administrativos (PLATEA), que «no permite discriminar las estimaciones y las desestimaciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial».
Urgencias, el servicio más afectado
El SCS tampoco facilita las cantidades correspondientes al año 2010 porque ese año no operaba el Servicio de Información de Gestión Económica y Financiera (SEFLOGIC) «que registra las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, patrimonial y de tesorería del Gobierno de Canarias», dice la resolución.
Aunque facilita información detallada de cada caso —»cada caso es particular y obedece al estado de salud de cada persona, por lo que hay tantos objetos de reclamación como usuarios reclamantes», argumenta la resolución para no hacerlo—, el SCS sí facilita información agregada de los servicios más afectados por las 331 reclamaciones estimadas entre 2010 y 2020.
Dejando al margen los 111 casos para los que no se especifica esa información, el servicio más afectado es urgencias, con 51 reclamaciones patrimoniales estimadas. Le siguen ginecología y obstetricia, traumatología, cirugía general y digestiva y urología.
