Ha rechazado un recurso presentado en contra de la ley que busca disminuir la temporalidad en la Administración Pública.
Tras meses de controversias en torno a la posible inconstitucionalidad de la ley promovida por el Gobierno para reducir la temporalidad en el ámbito público y abrir convocatorias para ocupar decenas de miles de plazas actualmente ocupadas por interinos, el Tribunal Supremo finalmente ha emitido su respaldo a esta normativa.
El alto tribunal ha desestimado un recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local contra el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2021, confirmando que el personal interino en entidades locales puede acceder a un proceso para obtener la condición de funcionario de carrera. El objetivo es reducir la temporalidad en el empleo público y cumplir con el régimen jurídico correspondiente, considerando el empleo temporal como una excepción. Esta sentencia fue firmada el 20 de julio. Sin embargo, el demandante alegaba que la normativa «favorece a quienes han ejercido la interinidad como mérito frente a otros aspirantes».
El Tribunal Supremo rechaza los argumentos del recurso y respalda la ley que permite convocar de manera excepcional las plazas que hayan estado ocupadas temporalmente de forma ininterrumpida durante al menos cinco años mediante un sistema de concurso que no requiere una oposición. Además, establece la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas de convocar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas ocupadas por trabajadores temporales y determina que estos procesos selectivos deben concluir antes del 31 de diciembre de 2024.
El acceso a estas plazas se realizará mayoritariamente a través de un proceso de concurso-oposición. La fase de concurso tendrá un peso del 40 % y la experiencia será el factor determinante en la valoración, lo que da prioridad a los interinos para acceder a estos puestos. Los exámenes de la fase de oposición podrán no ser eliminatorios en algunos casos. Además, las diferentes Administraciones tendrán la flexibilidad de adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según lo consideren más adecuado para cada ámbito.
Aquel personal interino que no supere este proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce meses, y también serán incluidos en una bolsa de empleo específica, según lo establecido en la ley.
La aplicación de esta normativa abarca a todos los niveles de la Administración, incluyendo todas las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público. Por lo tanto, el proceso de regularización se llevará a cabo en todos esos ámbitos, teniendo en cuenta la normativa específica que se aplique en cada caso.
