Hacienda deberá reembolsar el dinero a miles de contribuyentes que presentaron el modelo 720 fuera del plazo y pagaron recargos por ello.
El Tribunal Supremo ha decidido anular los recargos aplicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a aquellos que no declararon sus bienes y derechos en el extranjero dentro del plazo estipulado.
Así, los ciudadanos que no cumplieron con los plazos para declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y presentaron el modelo 720 de forma tardía, ya no deberán pagar los recargos impuestos por Hacienda debido al retraso. Anteriormente, el Alto Tribunal Europeo ya había calificado como «desproporcionadas» las multas por ocultar bienes en el extranjero.
Qué es el modelo 720 de Hacienda
El modelo 720 es el formulario que Hacienda exige para que las personas físicas residentes en España declaren sus bienes y derechos en el extranjero. Su principal objetivo es prevenir el blanqueo de capitales, según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 10/2010. Los contribuyentes están obligados a informar sobre cuentas en bancos extranjeros de las que sean titulares o beneficiarios, así como sobre propiedades, acciones o participaciones en el capital social de instituciones de inversión colectiva.
Esta obligación tributaria se aplica a titulares, representantes o autorizados con bienes en el extranjero que, en conjunto, superen los 50.000 euros.
Plazos y sanciones
Si no se presenta el modelo 720 dentro de los plazos fijados por Hacienda, se impone una multa económica de hasta 20.000 euros por cada incumplimiento. La Agencia Tributaria establece que el periodo para cumplir con esta obligación fiscal es del 1 de enero al 31 de marzo de cada año.
El fin de los recargos por la presentación tardía del modelo 720
La novedad de este fallo del Tribunal Supremo es la anulación de los recargos impuestos por no presentar a tiempo el modelo 720. Hasta ahora, solo se había pronunciado en 2022 sobre la nulidad de las multas cuando el formulario se presentaba fuera de plazo.
Esto se suma a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022, que consideró las multas «contrarias al Derecho de la Unión» por infringir la libre circulación de capitales en la región.
En consecuencia, la legislación española ha tenido que adaptarse para alinearse con las directrices europeas.
