El Gobierno ha emitido resoluciones en las que ordena recuperar 64,4 millones de euros por pagos que realizó de manera indebida a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero sobre el 91% de esa cantidad —58,7 millones— no ha iniciado el procedimiento para recuperarla.
El Ejecutivo incluye estos datos en su informe semestral remitido al Parlamento sobre la situación en la que se encuentra la RGI, que confirman algo que ya reconoció el consejero de Empleo, Juan María Aburto, meses atrás: el Ejecutivo se ha centrado en deshacer el nudo de la tramitación de las ayudas, priorizando esa cuestión sobre otras, como recuperar cantidades abonadas por error de la Administración. El informe constata que los errores son por importes pequeños, ya que el 76% de las resoluciones reclaman menos de 1.500 euros. En el 15% de ellas la reclamación supera los 3.000.
El viceconsejero de Empleo, Ricardo Barkala, señaló ayer en Bilbao en la presentación del balance del año pasado de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que resulta preciso lograr que pasar de cobrar ayudas a no percibirlas sea “fácil” y deslizó que hay casos en que los ingresos por ayudas sociales “son superiores” a los que se reciben por un contrato a tiempo parcial.
Las ayudas sociales supusieron el año pasado un total de 435 millones de euros entre la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda.
El informe enviado al Parlamento muestra que no se ha cumplido el objetivo que se marcó en su momento el consejero de lograr que todas las resoluciones de ayudas sociales se tramiten en el plazo legalmente establecido de dos meses, ya que del total de procedimientos el 73% cumple el plazo. Ese porcentaje era del 49% en enero del año pasado. Por otro lado, el Parlamento rechazó ayer debatir el tercer intento de proposición de ley de EH Bildu para anular los recortes a la normativa de ayudas aprobados en 2011.
