El Comité Europeo de Derechos Sociales falla en contra del tope de dos años para las indemnizaciones por despido improcedente en España
Esta decisión histórica abre un nuevo capítulo en la regulación del despido en el país, con el objetivo de proteger mejor a los trabajadores y disuadir a las empresas de recurrir a despidos injustificados.
El precio de la indemnización tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir, han manifestado representantes de los trabajadores, celebrando este cambio histórico. Actualmente, la indemnización media por despido improcedente ronda los 9.000 euros, una cantidad que los sindicatos consideran insuficiente para compensar el daño causado al trabajador y disuadir a las empresas de prácticas abusivas.
La resolución del Comité, que no es vinculante pero sí compromete a España a su cumplimiento, critica que el límite actual de dos años para las indemnizaciones no se ajusta a lo establecido en la Carta Social Europea. Esta restricción limita el derecho a reparación de los trabajadores y no actúa como un freno efectivo a los despidos improcedentes.
Los sindicatos reclaman un aumento significativo de las indemnizaciones y proponen que el coste del despido sea variable en función de la situación individual del trabajador, incluyendo su empleabilidad futura, formación, situación del mercado laboral, riesgo de pobreza y cargas familiares. De esta forma, se busca que la empresa no pueda predecir de antemano el costo de un despido improcedente, desincentivando esta práctica.
Las centrales sindicales están dispuestas a negociar con el Gobierno y la patronal un nuevo sistema de indemnizaciones acorde a la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales. Consideran que esta medida es de obligado cumplimiento por parte del Estado español, que ya se había comprometido a respetar la Carta Social Europea. De no modificarse la normativa, advierten que pelearán sentencia a sentencia para garantizar la aplicación del fallo.
La resolución también insta a agilizar los procedimientos de despido para reducir los retrasos en la justicia española, que actualmente dejan a los trabajadores en una situación vulnerable mientras esperan una resolución judicial. Además, se critica la eliminación de los salarios de tramitación en la reforma laboral de 2012, que ha dejado a los trabajadores despedidos sin ingresos durante el proceso judicial.
Este fallo histórico supone un paso adelante en la defensa de los derechos laborales en España. Se espera que la futura reforma del sistema de indemnizaciones por despido improcedente contribuya a un mercado laboral más justo y equilibrado, donde se priorice la estabilidad en el empleo y la protección de los trabajadores.
