Trabajo descubre cómo los empresarios intentaron deshacerse de ellos tras la declaración del estado de alarma y después de tenerlos trabajando sin un nuevo contrato cuando ya había vencido el temporal, lo que los convierte en indefinidos
Un total de 9.531 eventuales despedidos de manera ilegal nada más declararse el estado de alarma, y después de haber seguido trabajando sin contrato cuando sus contratos temporales habían vencido, se convertirán en indefinidos después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya detectado esas actuaciones fraudulentas de los empresarios durante las tareas de control del mercado laboral relacionadas con la pandemia de coronavirus.
Estos 9.531 casos fueron detectados por la Inspección al rastrear mediante herramientas informáticas los contratos laborales finalizados en todo el país tras el 13 de marzo de 2020, la víspera de la declaración del estado de alarma y solo cuatro días antes de que el Gobierno regulara vía decreto los ERTEs extraordinarios, entre cuyos principales objetivos se incluía la ‘hibernación’ de los trabajadores precarios mientras el Estado asumía los costes laborales de las empresas.
En esas fechas se registró una desconocida destrucción de empleo en España, con pérdidas de 178.569 puestos de trabajo el 16 de marzo, más de 75.000 el 17, el 18 y el 20 y otros 120.171 el día 31, unos volúmenes que no volverían a darse hasta los 103.888 del 30 de abril y que, en todas las etapas, tuvieron a los empleados eventuales como el principal grupo de víctimas.
Para entonces todavía faltaban dos semanas para que fueran prohibidos los despidos relacionados con la pandemia y el parón de la actividad económica, aunque esa medida nunca afectó a los improcedentes, que el empresario puede ejecutar de manera discrecional siempre que pague las correspondientes indemnizaciones.
Se trataba, en todos los casos fraudulentos detectados por la Inspección, de «contratos temporales con causa de extinción ‘fin de contrato’ cuando se trataba de supuestos en los que se habían superado los periodos máximos de duración», explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, que anotaron que cuando se dan esas circunstancias y el empleado continúa participando en el proceso productivo a pesar de haber vencido la fecha de finalización de su relación laboral este adquiere legalmente «la condición de ‘fijo’ o indefinido».
Multa de más de 6.000 euros por cada contrato encadenado
«Todos estos contratos serán objeto de actuación inspectora, a efectos de determinar la posible existencia de fraude», indicaron las mismas fuentes.
A la obligación de convertir los contratos eventuales en indefinidos, algo que ocurre de manera voluntaria en menos de uno de cada 25 acuerdos laborales en España, se le añadirán las correspondientes sanciones, de 6.250 euros por cada contrato que haya encadenado el empleado, tal y como establece la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), que en su artículo 7.2 tipifica como falta muy grave «la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley».
Esta es una de las bolsas de fraude en el ámbito laboral que la Inspección de Trabajo ha detectado desde la declaración del estado de alarma, entre las que destacan las investigaciones a más de 20.000 empresas ante las sospechas de que hayan incluido en sus ERTEs a ‘intrusos’, empleados contratados después de la declaración del estado de alarma y que acabaron siendo incluidos en los expedientes de suspensión de contratos y/o reducción de jornada por fuerza mayor.
“Ponen de relieve la precariedad del mercado laboral”
«Está claro que en España hay amplias bolsas de precariedad y que lo que ha ocurrido con estos trabajadores es algo fraudulento», señala el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que anota que «ponerlos sobre la mesa dependerá de cómo pueda actuar finalmente la Inspección», cuyos medios, como los de los ministerios de Trabajo y de Inclusión a los que apoya, resultan claramente insuficientes solo para supervisar el medio millón largo de ERTEs por fuerza mayor presentados por otras tantas empresas.
