Autoridades del parlamento no publican ni difunden datos de nombramientos políticos. Interrogantes tras la difusión del cargo para la mediática Marianela Mirra. Más de $ 700 millones de presupuesto.
La difusión del contrato de la mediática Marianela Mirra entre febrero de 2009 y febrero de 2014 como empleada de la Legislatura generó más interrogantes que certezas respecto al manejo de los recursos en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento.
¿Cuántos colaboradores se les asigna a cada parlamentario? ¿Cuánto cobra cada uno de estos asesores? ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Cámara implica este personal? ¿Qué porcentaje ocupan los trabajadores de planta permanente? ¿Qué funciones les compete a estos contratados? ¿Por qué no se difunden los nombres en el Boletín Oficial de la Provincia o en otro documento público?
Estas son algunas de las preguntas que nadie pudo, supo o quiso contestar en la Legislatura.
“No tengo esa información”, se limitó a decir el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, cuando LA GACETA comenzó a consultarle sobre estos asuntos. El secretario del parlamento, Juan Antonio Ruiz Olivares, continúa sin atender los requerimientos de este diario. El 27 de abril, el funcionario legislativo había expresado que informaría al día siguiente qué legislador había designado a Marianela. Hasta el momento no ha difundido esos datos tampoco.
Según documentación de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la ex ganadora del reality show Gran Hermano fue designada en la Legislatura en 2009, cuando la presidencia del cuerpo colegiado estaba a cargo de Juan Manzur, hoy vicegobernador en uso de licencia y ministro de Salud de la Nación. Fue dada de baja “por despido” el verano que pasó, ya durante la gestión de Amado, cuando se supo que la modelo se iba a vivir a Buenos Aires para intentar retomar su carrera como mediática, aseguraron fuentes oficiales. Para esa fecha, Mirra también dejó de recibir aportes del Banco del Tucumán SA y del Superior Gobierno de la Provincia, indican los datos de Anses (además, entre 2009 y 2010 le facturó al PE como monotributista por su labor en el Ente Tucumán Turismo).
Silencio
Estos vínculos de Marianela con el Estado generaron revuelo por la falta de información respecto a las designaciones; sobre todo en la Legislatura, donde aún no se sabe si alguno de los 24 legisladores reelectos en 2011 o Manzur fueron quienes iniciaron el trámite.
La semana pasada, desde las bancas del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) elevaron un proyecto de resolución para que se informe a qué oficina estaba afectada Mirra. Por ahora, el alperovichismo no tiene intenciones de tratar esa iniciativa. Según altas fuentes del oficialismo, esos datos no serán divulgados. Tampoco la oposición difundió una nómina de quiénes trabajan en sus despachos.
Sólo de manera ocasional se puede acceder a esta información. El 30 de abril, el Tribunal de Cuentas (TC) firmó el acuerdo N° 1.246, en el que autoriza el pase de un empleado de ese organismo de control, Mariano José Terán Nougués, para que cumpla “funciones de asesoramiento en el despacho del señor legislador provincial, Sisto Benjamín José Terán Nougués”. No aparecen detalles, como el rol que cumplirá el hermano del presidente de la comisión de Juicio Político, o quién abonará su salario y qué categoría le corresponde.
El parlamento no difunde por otros medios los contratos que se distribuyen.
En planta permanente, la cifra de trabajadores oscilaría entre 700 y 850 (el número varía según la fuente). Todos los legisladores negaron conocer el número total de “nombramientos políticos”. Pero, como base, para cada una de las 49 bancas están asignados 10 cargos (el sueldo bruto mínimo por la categoría inicial ronda los $ 6.000, agregaron las fuentes). Además, cada parlamentario puede tomar dinero de sus fondos para gastos sociales e incorporar más personal. “La mayoría destina esos recursos para el trabajo territorial, no es gente que necesariamente debe estar en la Legislatura. Son quienes nos transmiten las necesidades en nuestra sección electoral”, advirtió un oficialista.
Algunos informantes relataron que tienen hasta 50 contratos para distribuir (además de los de base, sumaron otros con gastos sociales). Otros apuntaron que sólo han agregado algunos empleados más a la decena original.
Hubo consultas -como la cantidad de dinero que se asigna a este personal- que no tuvieron siquiera respuesta extraoficial. El presupuesto de la Legislatura para 2014 supera los $ 700 millones, y de hecho tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es el bruto entre dieta y gastos sociales que recibe cada parlamentario, ni cuánto se destina a mantenimiento del edificio, viajes oficiales, eventos como el Parlamento del NOA y otras actividades.
