La ayuda que previsiblemente se aprobará la semana que viene tendrá un máximo de 1.015 euros por unidad familiar
El Gobierno sigue ultimando los detalles de la renta mínima vital que previsiblemente aprobará un consejo de ministros la semana que viene. Además de haber consenso sobre la cuantía, de 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 por unidad familiar, ya hay otros dos aspectos perfilados, según confirman a eldiario.es fuentes del Ejecutivo.
Por una parte, se ha decidido que la percepción de esta ayuda no esté vinculada a la búsqueda activa de empleo, una materia que seguirá en manos de las comunidades autónomas a través de las políticas activas. Además, la primera vivienda quedará exenta del cómputo de bienes y patrimonio con el que se decidirá la concesión de la renta mínima vital para las familias más desfavorecidas.
Quedan temas pendientes como quién va a gestionarlo. Una de las opciones que se barajan es que sea la Seguridad Social, que podrá llegar a convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas.
En una entrevista con eldiario.es, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicaba que el diseño de esta ayuda buscará que solo llegue a aquellos hogares realmente vulnerables: «Vamos a incorporar a la prestación un test de riqueza neta del hogar, que tendrá en cuenta no solo las rentas que se perciben sino también otras: por ejemplo si ese hogar tiene activos inmobiliarios».
El departamento ministerial con el que Escrivá está diseñando esta medida es la vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias. Además, como cualquier medida económica del Gobierno, el ingreso mínimo vital también pasa por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en el que están representados los Ministerios de Economía y Hacienda.
En una comparecencia este jueves en el Senado, Iglesias explicaba que «el sistema actual en relación a prestaciones y rentas de inserción se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial».
A su juicio, salvo «algunas excepciones muy notables» estas prestaciones han tenido «bajos niveles de cobertura» y tienen «requisitos complementarios a la simple falta de ingresos que han terminado por excluir de facto del acceso a estas rentas a muchas personas en situación de necesidad».
La idea de esta propuesta es que sea una red de seguridad para todas las personas que en esta crisis del coronavirus se están quedando fuera de los ERTE y de los subsidios por desempleo.
Como apuntaba el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, «hay gente que por su situación laboral o por la ausencia de una situación laboral estable, no está en estos momentos cubierta ni por ERTE, ni por subsidios de desempleo. Y es ahí donde pensamos que hay que priorizar el esfuerzo, garantizando que en España no tengamos hogares sin recursos en estos momentos de crisis».
El Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social era una de las medidas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron el pasado diciembre. Una medida que se ha acelerado debido a la crisis económica y social provocada por la pandemia que se ha extendido por todo el mundo unos meses más tarde.
