Un estudio que cruza el precio de la vida con la renta demuestra que en Catalunya y Madrid hay muchos más ciudadanos en riesgo de pobreza de los que aparecen en los recuentos del Estado
Alquilar un piso en Catalunya y Madrid es, casi, una hazaña para los más de 14 millones de personas que habitan en ambas comunidades autónomas, donde pagar una vivienda se lleva la mitad del sueldo cada mes. Es bien sabido que en estas dos regiones el precio de la vida es más caro que la media española: desde tomarse un café hasta coger el transporte público, todas estas acciones cotidianas suponen un mayor esfuerzo para los bolsillos de sus habitantes.
Los resultados que muestra el estudio distan mucho de la realidad que se dibuja a partir de las cifras oficiales, provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en Catalunya habría 1.200.000 personas en riesgo de pobreza (lo que supone un incremento del 14,9%) y en Madrid habría 1.400.000 (un 44% más). Esto supone que hay 585.043 personas más que viven bajo el umbral de la pobreza de las que tenía controladas el Estado. Medio millón más de ciudadanos que se encuentran con problemas para afrontar el coste de la vida.
“Este estudio nos muestra que los datos no estaban ajustados a la realidad y, si los datos no lo están, las ayudas y prestaciones tampoco son las que tocarían”, opina Ricard Gomà, director del IERMB, que lamenta que en España no se haya hecho antes un informe como este. Pero esta no es una cuestión que afecte sólo al territorio español, sino que en el conjunto de Europa tampoco se cruza el precio de la vida con la renta, a pesar de que en 200, el Parlamento Europeo publicó un reglamento que instaba a los estados miembro a tener en cuenta estas variables. Pero quince años después, todavía no se ha cumplido.
Este cruce de datos es algo que sólo se hace en Estados Unidos, lo que permite realizar un diseño de las prestaciones y ayudas públicas “más ajustado a las problemáticas reales de la población”, tal como apunta Vittorio Galletto, director del área económica del IERMB y uno de los autores del estudio, en el que también han participado economistas de la UPF, la UAB, el Ayuntamiento de Barcelona y del OCDE.
Menos dinero disponible a final de año
“Este informe tiene consecuencias políticas innegables”, ha asegurado Galletto, quien considera que los rankings actuales, sobre los cuales se calculan las ayudas a nivel español y europeo, “posiblemente no sean justos”. Actualmente, la renta disponible muestra el dinero del que disponen anualmente las familias tras hacer frente a sus obligaciones tributarias. Pero, si se tiene en cuenta el nivel de vida (que el IERMB calcula a partir de indicadores del INE y sumando el precio de la vivienda), se observan tres lugares en los que la renta disponible baja: Catalunya, Madrid y Baleares.
Aplicando esta nueva variable, Madrid pasa de ser la segunda Comunidad Autónoma con más renta disponible a la novena. Catalunya baja del cuarto puesto al séptimo y, en el caso de Baleares, el descenso se da del séptimo al décimo puesto. “Son los tres territorios españoles más tensionados”, asegura Galletto en referencia a unos altos precios causados, entre otras cosas, por la gentrificación y el turismo, que hacen escalar el coste de la vivienda a niveles a menudo por encima de la renta de la ciudadanía.
Este estudio se ha realizado con cifras del 2018, las últimas disponibles y, por eso, todavía no contempla los efectos de la actual inflación ni los de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia. “Teniendo en cuenta la subida de precios y que los sueldos se han mantenido, podemos esperar que hoy los índices de personas en riesgo de pobreza sean todavía mayores que los que muestra nuestra investigación”, alerta el economista, que también lamenta “los ritmos a los que se publican los datos, que nos harán esperar dos años para poder hacer una radiografía de las consecuencias de la COVID-19”.
Una revisión de las políticas públicas
Ante el mapa tan diferente que se muestra a través de estos nuevos datos, los autores del informe aseguran que se deberían ajustar las políticas públicas. “Si se quiere igualar el poder de compra de las familias de unas y otras ciudades, deberíamos compensar con una renda más elevada a la población que viva en un lugar con un coste de vida superior”, asegura Galletto.
En esta línea, desde el IERMB se consideran diversas medidas que podrían ser efectivas, como ajustar a la realidad las prestaciones sociales o ajustar el sueldo de los trabajadores públicos. De hecho, este desequilibrio entre el sueldo de un funcionario (común para todo el país) y el nivel de vida hace que haya déficit de trabajadores en algunas comunidades.
Pero una de las medidas que los autores del estudio consideran que serían más efectivas es la de adaptar el Salario Mínimo Interprofesional a la realidad de cada Comunidad Autónoma. Esta sería una de las respuestas más “justas” a los diferentes precios de la vida, pero “tendría fuertes implicaciones políticas y generaría problemas territoriales, así que es algo que, seguramente, políticamente no interesa”, concluye Galletto.
