La Seguridad Social ha licitado un contrato con Accenture, empresa que ya tuvo asignado un contrato público en el año 2014 cuando la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, externalizó la misma tarea por unos 5 millones de euros.
Indignación de los inspectores de Trabajo con la decisión del ministerio de Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá. La Tesorería General de la Seguridad Social está ultimando la adjudicación de un servicio de consultoría a la empresa Accenture.
El ministerio de Seguridad Social ha seleccionado esta empresa para llevar a cabo «trabajos de mantenimiento y desarrollo de la lucha contra el fraude en el ámbito de la seguridad social». Además, el objetivo de dicha contratación incluye el «establecimiento de sistemas basados en el análisis de datos» para el control de la correcta ejecución en materia de afiliación, cotización y recaudación, «así como la detección del incumplimiento de las obligaciones en estas materias» que suponen un fraude a la Seguridad Social, según ha informado El Confidencial.
Esta compañía ya tuvo asignado un contrato público en el año 2014 cuando la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, externalizó la misma tarea por unos 5 millones de euros.
Indignación de los inspectores de Trabajo
En España la Inspección de Trabajo actualmente cuenta con 1.866 funcionarios y 965 inspectores de trabajo, una cifra muy escasa y con la que es muy difícil luchar contra los diversos abusos e irregularidades laborales.
España está muy lejos de los ratios de otros países europeos. En nuestro país hay un inspector por cada 15.000 asalariados, mientras que en Europa hay un inspector por cada 7.300 trabajadores.
«Llevamos mucho tiempo pidiendo refuerzo y esta noticia nos ha llegado por sorpresa. Ya hemos pedido una reunión con el ministro de Seguridad Social para aclarar esta noticia y, si realmente es cierta, que sea retirada la inictiativa», explica a Público Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
«Estamos muy preocupados porque esta decisión puede debilitar el sistema de la Inspección. Hay un compromiso para reforzar el organismo público, pero queremos que se materialice», explica Ercoreca.
«Durante estos meses de pandemia hemos trabajado muchísimo, con muy pocos medios, y esta noticia ha sido la puntilla para el cuerpo de inspectores de Trabajo», cuenta.
Además, Ercoreca explica a Público que, en ningún momento, han sido informados de esta decisión y que no han recibido respuesta desde Seguridad Social.
«Si lo que quieren hacer es mejorar la Inspección deben reunirse con nosotros. Esto es como operar un enfermo sin tener médico y así no se hacen las cosas», sentencia.
UGT también ha publicado un comunicado en el que «insta» al Gobierno a invertir en la Inspección y la Tesorería de la Seguridad Social para luchar contra el fraude. En él, explican que es «inaplazable» la modernización del sistema antifraude y que el Ejecutivo deje de externalizar servicios que corresponden a la Administración.
Se da la circunstancia de que en el año 2018 Accenture, Indra y otras nueve empresas fueron multadas por un cártel de suministros a la Administración. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso sanciones por un importe total de 29,9 millones de euros a once empresas por unirse entre ellas en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública, según informaron desde el organismo en un comunicado.
Seguridad Social dice que el proceso no ha finalizado
Desde el ministerio de Seguridad Social explican a Público que «el proceso de licitación está en marcha y no ha finalizado aún» y que «en la plataforma de contratación del Estado se puede ver el estado de la licitación y se publicarán todas las novedades».
Además, añaden que esta contratación no supone una novedad sobre la situación actual sino que se constituye en hilo de continuidad con las actuaciones que ha venido realizando la Tesorería General de la Seguridad Social en los últimos años.
«En este marco de actuaciones se han llevado a cabo tres contratos. El primero de ellos en mayo de 2014, el segundo con efectos desde enero de 2017 y el actualmente en tramitación. A lo largo de todos estos años, este tipo de contratos ha actuado como complemento a las actividades inspectoras con gran efectividad».
Por otra parte, este martes, el ministerio de Trabajo se ha reunido con los dos principales sindicatos de la Inspección y la ministra Yolanda Díaz ha puesto un tuit en el que explicaba que, desde el ministerio, siempre garantizarán «un cuerpo único de Inspección, reforzado con recursos públicos».
El riesgo de la externalización
Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social muestran preocupación por el riesgo que supone la externalización de estos servicios.
«La competencia sancionadora la tiene la Inspección porque es un servicio público. Nosotros somos neutrales, algo que no se puede garantizar desde las empresas privadas», explica Ercoreca.
«Si se externalizan estos servicios se está precarizando la Inspección y esto es algo que afecta a toda la ciudadanía porque es un servicio público para todos», sentencia.
Desde UPIT también se muestran contrarios a la externalización y considiran que ninguna empresa puede hacer labores inspectoras porque así lo marca la ley. «Creemos que en los organismos públicos no debe existir la externalización y nos preocupa que empresas privadas accedan a datos e informaciones que no deberían tener», explica a Público Mercedes Martínez, portavoz de UPIT.
