Exigimos que se cumpla la reciente sentencia de Europa, y se consoliden los puestos de trabajo, en lugar de pretender la mal llamada “estabilización”
Pese a la contundencia expresada el pasado 22 de febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación al abuso en España de los contratos temporales, sobre todo en la administración pública, tenemos que lamentar que algunos de estos procesos continúan vivos, aunque estén en vía muerta, sembrando la desazón entre miles de empleados públicos.
Hoy tenemos que referirnos al que afecta a unos doce mil trabajadores de la sanidad pública canaria, inmersos en un proceso de “estabilización”, que no es más que una forma encubierta de hacerles perder derechos consolidados, en algunos casos tras décadas defendiendo un puesto de trabajo.
Con estos mal llamados procesos de estabilización, la administración pública pretende hacer una suerte de “tabla rasa”, y poner el contador a cero, algo manifiestamente ilegal a juicio de SITCA, y también a juicio del más alto tribunal de la Unión Europea, que vuelve a tirar de las orejas a España por esta cuestión.
Desde SITCA hemos interpuesto numerosas demandas ante los tribunales de Justicia, y en muchos casos se nos ha dado la razón, mientras que en otros se ha logrado el acuerdo extrajudicial.
Lo que no alcanzamos a comprender es que haya organizaciones sindicales que dicen defender los derechos de los empleados públicos mientras al mismo tiempo piden que se impulse y ejecute este tipo de procesos tan lesivos precisamente con esos derechos.
Desde nuestra Central Sindical reiteramos a las administraciones públicas de Canarias que observen de forma escrupulosa el cumplimiento de las directivas de la Justicia europea, y cancelen estos procesos de “estabilización”, convirtiéndolos en procesos de consolidación de esos puestos de trabajo, lo cual es un derecho ganado por esos trabajadores con años y años de prestación de su trabajo.
Especial llamamiento hacemos a los responsables de la Sanidad canaria, para que desistan definitivamente de su empeño, que tiene en jaque a 12.000 empleados públicos, y se avenga a negociar un proceso de consolidación, como ya han hecho otras administraciones públicas de Canarias que han sido pioneras en este sentido.
Desde SITCA vamos a estar vigilantes, como hemos hecho siempre, incluso aunque tengamos que defender en solitario estas justa causa, y no dudaremos en impugnar judicialmente cualquier intento de vulnerar los derechos de los trabajadores.
Seguimos en la lucha.
