El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca) denunció ayer en la Fiscalía Provincial el proceso selectivo de Guaguas Municipales para cubrir una bolsa de trabajo de 175 conductores, por la existencia de «múltiples irregularidades».
La última prueba celebrada ha provocado una avalancha de reclamaciones por parte de más de 300 aspirantes excluidos, de los cuales 83 están siendo representados por los servicios jurídicos de Sitca.
El sindicato ha solicitado a la Fiscalía que paralice el proceso selectivo y abra una investigación, al entender que el «proceso está viciado por la existencia de gran cantidad de irregularidades». Antonio Rodríguez, secretario general del Sitca, informó de que junto a la denuncia se han aportado pantallazos de móvil que circularon días antes de la realización de la prueba impugnada con las respuestas correctas. «A día de hoy tenemos ocho pantallazos, que hemos adjuntado en la querella y hemos puesto también en manos de la Fiscalía 26 testimonios de aspirantes que certifican que hay compañeros que les dijeron que sabían de antemano que iban a aprobar el test sí o sí porque se lo habían filtrado a través de gente conocida», aseguró Rodríguez, quien considera que el proceso debe repetirse. «Le hemos pedido a la Fiscalía que si entiende que hay un ilícito penal que se tomen las medidas legales oportunas para abrir un proceso penal en el cual las 83 personas que yo represento se van a presentar como acusación afectada por esos hechos. Creemos que hay materia más que suficiente para que la Fiscalía abra una investigación y, sobre todo, que se llame al tribunal» que corrigió la prueba «a declarar».
Ha sido la corrección de la última prueba gestionada la empresa Emplea y relacionada con la evaluación de competencias, la que ha generado el malestar y las críticas de los participantes en el proceso. A dicha prueba se presentaron 843 aspirantes y sólo fueron admitidos 240.
Además de la supuesta filtración de las respuestas, Rodríguez añadió que se han detectado «un montón de irregularidades administrativas. En el test no se podían puntuar determinadas evaluaciones o te ponían una ponderación de puntuación en función de conocimientos internos de la empresa, cuando en teoría eso no tendría por qué ser parte del temario, porque ellos son personas ajenos a la empresa y vienen a ocupar una bolsa de empleo, salvo que se haya puesto para favorecer presuntamente a familiares vinculados a gente de la empresa. Además de los pantallazos, que es muy grave, hemos detectado como seis o siete anomalías».
También se mostró crítico el líder sindical con el silencio de Guaguas a las más de 300 reclamaciones presentadas. «¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no haya abierto una investigación y que la propia gerencia de Guaguas ni siquiera pestañee para afirmar que el proceso está hecho perfectamente? ¿Cómo es posible que no haya puesto el proceso en cuarentena hasta que se averigüe o se compruebe si lo que estamos denunciando en las cientos de reclamaciones es cierto o no?», se preguntó Rodríguez, quien consideró que «lo más grave de todo es que a fecha de hoy no se haya contestado ni a una sola reclamación. Hay un plazo de 30 días para contestar, pero si tienen las cosas tan claras y saben que todo se ha hecho correctamente, en 24 horas pueden contestar diciendo que todo el proceso se ajusta a la norma». El sindicato ha pedido en la denuncia la declaración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del consejo de administración de Guaguas y de «todas las personas que acreditan o certifican que ellos de alguna manera conocían el temario antes del examen o se lo habían pasado». También reclaman que «se mire todo el sistema informático de los móviles desde los que se hicieron los pantallazos para conocer de quien son esos aparatos». Otros aspirantes excluidos han denunciado, además de presuntas filtraciones, que «no se han cumplido los criterios de evaluación».
Por su parte, Guaguas Municipales declinó valorar la denuncia. La pasada semana sostuvo que el proceso selectivo se ha llevado a cabo con «todas las garantías»
Fuente: La Provincia / DLP
