La decisión se tomó en una reunión celebrada este lunes, con el respaldo del consejero de Agricultura y la consejera de Empleo; el nuevo marco laboral debe regular el trabajo asalariado de unas 10.000 personas.
En medio de protestas masivas por la crisis en el sector primario local, los representantes de la patronal agrícola y los sindicatos canarios han decidido, después de un prolongado periodo de inactividad, fijar el 10 de abril como fecha para iniciar la negociación del nuevo convenio del campo, que solo abarca la parte agrícola y excluye los empaquetados, un segmento industrial, en Canarias. Este convenio, de alcance regional, no se ha actualizado desde diciembre de 2018, cuando expiró el periodo de vigencia del anterior, firmado por tres años (2016-2018). Durante este tiempo, las condiciones establecidas para el año 2018 se han mantenido sin cambios significativos en los salarios directos, aunque se han realizado algunos ajustes en los complementos de las nóminas.
La falta de actualización de este marco laboral durante tanto tiempo es crucial para mejorar las condiciones de los trabajadores en el campo canario, especialmente aquellos involucrados en actividades agrícolas como la producción de plátanos, tomates (incluyendo pepinos y otros productos para exportación) y flores, plantas y esquejes. En la actualidad, alrededor de 10.000 personas trabajan directamente en estas actividades.
Durante los últimos cinco años, la mayoría de estos trabajadores han experimentado aumentos salariales principalmente a través de los incrementos progresivos del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente asciende a 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 54%, lo que ha mejorado los ingresos de más de dos millones de empleados en toda España, incluidos aquellos del sector agrícola en las islas, que de otra manera no habrían experimentado aumentos significativos en sus salarios, salvo aquellos proporcionados mediante complementos.
Una de las principales conclusiones de la reunión celebrada este lunes entre representantes del empresariado agrario canario, bajo la marca general CEOE, y los sindicatos representativos en el mismo sector, CCOO, UGT y Sitca, fue que el convenio para el periodo 2016-2018 no se renovó parcialmente debido a una disputa legal en este sector agrícola, relacionada con la posible ilegalidad de los aumentos salariales generales a través de los complementos. Esta disputa fue finalmente resuelta a favor de la patronal por el Tribunal Supremo en una sentencia firme en 2022.
Según un comunicado emitido por las dos consejerías este mediodía, el Gobierno de Canarias ha instado a las organizaciones sindicales agrarias y a las empresas a reanudar la negociación del convenio del campo canario, un documento que ha estado inactivo desde que expiró su periodo de aplicación hace cinco años, el 31 de diciembre de 2018.
En la reunión de este lunes, presidida por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, se acordó fijar el 10 de abril como fecha para la apertura de la mesa negociadora del convenio regional del campo. Además, se llegó a un consenso para establecer una mesa de trabajo que estudie la posible jubilación anticipada de los trabajadores del sector agrícola en Canarias, con una primera reunión programada para el 20 de marzo.
Los consejeros que dirigieron la reunión destacaron que todas las partes mostraron disposición al diálogo y a alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales en el campo canario.
