La nueva prestación entraría en vigor en el 2022, según se propone en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación, Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas.
Simplificar el sistema de protección al desempleo es una de las reformas que el Ministerio de Trabajo y Economía Social propone en el plan enviado a Bruselas para acceder a los fondos europeos de recuperación. Y una de esas propuestas es unificar en una única prestación (no contributiva) todas las ayudas que existen ahora. Equivaldría al 80% del Iprem, el llamado indicador público de renta de efectos múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. De acuerdo con el Iprem fijado para el 2021, la nueva prestación supondría 451,90 euros al mes.
La nueva prestación entraría en vigor en el 2022, según se propone en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación, Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas. Sustituiría a los mecanismos actuales, como la protección asistencial del desempleo regulada en la ley general de Seguridad Social, y a los programas de renta activa de inserción (RAI) y subsidio extraordinario por desempleo (SED). Todos estos programas van destinados a personas que, por diversos motivos, no tienen derecho al habitual seguro de desempleo, principalmente por haber agotado el periodo máximo de percepción. Por tanto, la nueva prestación sería complementaria de la protección contributiva, tal y como se explica en el documento.
El colectivo objeto de esta reforma es el de personas que agotan la prestación contributiva y continúan en situación de desempleo y personas que acreditan más de seis meses y menos de doce cotizados, de forma que no pueden acceder a la prestación contributiva, se argumenta en el texto.
Para acceder al nuevo subsidio, se exigirá la acreditación de carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares, y el compromiso y cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público competente. “La duración del mismo dependerá de la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada, con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes”, señala el documento.
El Ministerio de Trabajo plantea, además, que la integración se haga de forma coordinada con el desarrollo del ingreso mínimo vital (IMV). Según el equipo que dirige Yolanda Díaz, estas prestaciones “no deben ser un fin en sí mismas, sino herramientas para facilitar la transición” hacia la incorporación al mercado de trabajo. Además, al reducir el número de figuras asistenciales, se quiere “dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión”.
Otro de los objetivos que señala Trabajo en su documento es la protección de “los desempleados de larga duración y los colectivos más vulnerables, como los inmigrantes, las familias monoparentales o las personas en situación de exclusión social”. No obstante, el Ministerio de Trabajo ha avanzado que todos los cambios normativos serán abordados en la mesa del diálogo social con los agentes sociales, según informa Europa Press.
